Huermur y Ecologistas en Acción critican que el Gobierno Regional use como excusa la crisis sanitaria para modificar mediante decreto-ley, y de urgencia, la Ley del Suelo de la Región de Murcia, sin participación pública ni transparencia, y sin utilizar el procedimiento ordinario.
Los colectivos medioambientales alertan de que las modificaciones que el Gobierno Regional quiere introducir en la normativa urbanística, se han realizado con una vergonzosa improvisación, sin calcular su impacto y consecuencias, así como eliminando la participación y control del Consejo de Gobierno, y órganos colegiados, en diversos trámites. Se crea así una grave inseguridad jurídica.
Las entidades ciudadanas exigen a los responsables políticos de la Región de Murcia que los cambios en la Ley del Suelo se tramiten de forma ordinaria, con plena participación y transparencia, dada la importancia del urbanismo y el medioambiente para la sociedad.
La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (HUERMUR) y Ecologistas en Acción, alertan de los preocupantes cambios en la Ley del Suelo de la Región de Murcia (Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), que el Gobierno regional y la Consejería de Fomento e Infraestructuras aprobaron vía decreto-ley, y pretenden convalidar en los próximos días en la Asamblea Regional.
Ambas organizaciones ambientales alertan de que las modificaciones que el Gobierno Regional quiere introducir en la normativa urbanística, se han realizado con una vergonzosa improvisación, sin calcular su impacto y consecuencias. Se elimina en dicha ley la participación y control del Consejo de Gobierno, y órganos colegiados, en diversos trámites. Se crea así una grave inseguridad jurídica, además de eliminar las necesarias cautelas administrativas.
Según un informe conjunto de ambas entidades, estos cambios que se pretenden no responden a ninguna urgencia, ni solucionan la crisis económica que se va a generar por el coronavirus en la Región de Murcia. No se entiende que para mitigar los efectos de una pandemia, las medidas que se deciden adoptar sean eliminar derechos de propietarios de suelo, eliminar importantes competencias al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para dárselas al consejero de turno (especialmente las referidas a los espacios verdes públicos, con la importancia que tienen para el interés general de la población), y suprimir la existencia de órganos colegiados como la Comisión de Coordinación de Política Territorial de la CARM (donde se encontraban representados entre otros vocales un representante del Estado, y de la Federación de Municipios de la Región de Murcia).
Igualmente se subraya, que la eliminación de diversos informes previos, antes de la toma de decisión del consejero en diversos asuntos urbanísticos, así como la introducción de nuevos preceptos legales y condicionantes sin la debida concreción de los trámites para su aplicación, generan una gran inseguridad jurídica.
También señalan desde Huermur y Ecologistas en Acción, que el Gobierno regional elimina con esta modificación urgente de la ley, parte de las necesarias garantías y filtros administrativos, que hacen que las decisiones en materias tan importantes como la ordenación del territorio no sean arbitrarias. “Buscar la simplicidad de los trámites no es compatible con eliminar dichas garantías, solo provoca inseguridad jurídica y desigualdad en el trato ante la administración pública, con lo cual esta ley se convierte en una fuente de conflicto, aún más de lo que ya era”, concluyen las dos entidades.
Ambas asociaciones reclaman que desde el Gobierno regional, y con el Consejero de Fomento e Infraestructuras a la cabeza, se aclaren cuestiones como las siguientes:
¿Por qué se elimina la competencia del Consejo de Gobierno en las decisiones sobre los cambios de los espacios verdes públicos (parques y jardines)?
¿Por qué se atribuyen todas las competencias al Consejero de Fomento, eliminando trámites, informes e incluso la Comisión de Coordinación de Política Territorial?
¿Se verán afectadas las remodelaciones del Barrio de la Paz en Murcia, o del Barrio del Carmen (llegada del AVE), con la modificación del artículo 193 de la Ley del Suelo? ¿Se intenta facilitar el “desembarco” de capitales de riesgo de “fondos buitre” en estas zonas al establecer por ley procedimientos más simples para determinadas actuaciones de transformación urbanística?
¿Por qué se ha eliminado con el artículo 147 a parte de los propietarios de suelo en las decisiones sobre desarrollo de actuaciones urbanísticas?, y ¿cuántos de estos propietarios se corresponden con entidades bancarias rescatadas con dinero público? ¿Los más afectados serían los suelos de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia y Nueva Condomina?
¿Ha evaluado el Gobierno Regional el impacto sobre el patrimonio cultural, al permitir el cambio de uso y determinadas actuaciones en edificios históricos y ámbitos protegidos, con una simple declaración responsable del promotor?
“Estas y otras muchas cuestiones que suscitan las modificaciones que quiere convalidar el Gobierno Regional en los próximos días para la Ley del Suelo, requieren respuestas detalladas y claras. Las graves dudas sobre estas y otras muchas cuestiones requieren dar marcha atrás con este Decreto Ley, cuya urgencia en absoluto se justifica”, han finalizado desde Huermur y Ecologistas en Acción.
