Una docena de asociaciones patrimonialistas de la Región de Murcia publicamos un comunicado urgente el pasado 8 de junio de 2025, ante el contenido del Decreto-Ley 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación
Administrativa de la Región de Murcia, que se publicó el día 7 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Hemos seguido recibiendo apoyos y adhesiones a esta iniciativa, ante el golpe que supone a la protección del patrimonio recogida en el texto original de la Ley 4/2007, y el vaciado de su contenido. La modificación exprés y mediante Decreto-Ley, intenta acabar con la posibilidad de las solicitudes de asociaciones y personas tengan un procedimiento con plazos reglados y silencio positivo para las solicitudes de protección de Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado por su Relevancia Cultural y Bien Inventariado, además de obligar a remitir a los ayuntamientos las denuncias en materia de patrimonio.
Las entidades firmantes en un primer momento del comunicado han sido:
—Huermur
—Asociación Cartaginense
—Ecologistas en Acción Región de Murcia
—Asociación Origen
—Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete
—Lorca por su Patrimonio
—Cartagena Ciudad de los Submarinos
—Cartagena Futuro
—Plataforma Virgen de la Caridad
—Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta
—Asociación AJVA – Centro de Estudios Patrimoniales «Molino de Oliver»
—Asociación Amigos de la Historia de Librilla
Se han sumado a este comunicado las siguientes entidades de la Región de Murcia:
—Amigos del Jardín Botánico de Murcia
—Asociación BiciHuerta
—Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Valle
—Plataforma Cine Rex Vivo
—Huerta Viva
—AMUREM – Asociación Murciana de Educadoras de Museos y Patrimonios
—Asociación Vecinal de Vistabella
—Plataforma del Patrimonio Cultural de Murcia
—Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste (Murcia)
—Asociación Despierta CT
—Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca
—Asociación Bosqueo2
—Asociación Memoria del Sureste
—Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano de Murcia
—Alianza Mar Menor – AMARME
También hemos recibido la adhesión de las siguientes entidades nacionales y de otras comunidades autónomas:
—ACEM – Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos [estatal]
—Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural [estatal]
—AHRO – Asociación Histórica Retiro Obrero [Sevilla]
—Asociación Amigos de la Alcazaba [Almería]
—Asociación para la Conservación de la Arquitectura Tradicional – Tajamar [Cantabria]
—El Colletero [La Rioja]
—Amigos del Patrimonio de Segovia
—Observatorio para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama [Madrid]
—Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico «Ben Baso» [Sevilla]
—Sociedad Caminera del Real de Manzanares [Madrid]
—Amigos de Serrablo [Huesca]
—Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia
—Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña [Cantabria]
—Asociación de Amigos del Castillo de Orihuela
—Mendunia Nostra, Asociación para la Defensa del Patrimonio de Monzón de Campos [Palencia]
—Associació Per l’Horta [Valencia]
—ACRE – Asociación de Conservadores-Restauradores de España
Transcribimos el comunicado emitido:
Asociaciones de la región denuncian un “golpe a escondidas” contra el patrimonio cultural de la Región de Murcia
Los colectivos patrimonialistas alertan de una reforma exprés que vacía de contenido la Ley de Patrimonio Cultural y piden al Gobierno de España que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Las principales asociaciones en defensa del patrimonio de la Región de Murcia han dado la voz de alarma. Aseguran que el Gobierno regional ha ejecutado un “golpe a escondidas” contra la Ley de Patrimonio Cultural mediante una reforma encubierta, incluida en la conocida como cuarta Ley de Simplificación Administrativa. Un paquete legislativo aprobado por decreto-ley y publicado en pleno puente regional, un sábado, sin debate público ni consulta técnica.
Las organizaciones Huermur, Asociación Cartaginense, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Origen, Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete, Lorca por su Patrimonio, Cartagena Ciudad de los Submarinos, Cartagena Futuro, Plataforma Virgen de la Caridad, Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, AJVA, Amigos de la Historia de Librilla acusan al Ejecutivo autonómico de haber aprovechado el procedimiento de urgencia —reservado legalmente para situaciones excepcionales— para colar una modificación que, según denuncian, debilita gravemente los mecanismos de protección del patrimonio histórico regional.
Uno de los puntos más polémicos es la delegación de competencias clave a los ayuntamientos, que, en palabras de los colectivos, “ni cuentan con personal técnico especializado ni tienen independencia frente a los intereses urbanísticos y especulativos que rodean muchas decisiones locales”. En algunos casos, subrayan, los propios ayuntamientos han sido responsables directos del deterioro de bienes protegidos.
Pero el malestar no termina ahí. La nueva ley también elimina la obligación de incoar expedientes BIC (Bien de Interés Cultural) en un plazo máximo de seis meses tras una solicitud ciudadana, una garantía introducida en 2007 que convertía a la Región en pionera en este tipo de protección activa del patrimonio por parte de la sociedad civil. Para las asociaciones, suprimir esta obligación supone “dejar a los ciudadanos indefensos” ante la inacción de las administraciones.
El procedimiento elegido por el Gobierno regional también ha generado críticas: al tratarse de un decreto-ley tramitado por vía de urgencia, no se han solicitado informes técnicos, jurídicos ni consultivos, ni ha habido exposición pública del texto. «No se ha justificado en ningún momento la urgencia, porque no existía», insisten los portavoces de las asociaciones. “Es un abuso deliberado del procedimiento, y una forma de evitar deliberadamente los controles y garantías que exige cualquier modificación seria de una ley tan sensible como esta”.
Además, los colectivos denuncian la generalización del silencio administrativo positivo para las tramitaciones urbanísticas, una medida contemplada en la ley que, aplicada al patrimonio, puede suponer la aprobación automática de actuaciones que afecten a bienes culturales sin evaluación previa.
Para los defensores del patrimonio cultural de la Región de Murcia, esta reforma no es solo una mala noticia: es una amenaza real e inminente. Por eso han iniciado ya contactos con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Comité Español de ICOMOS (órgano consultivo de la UNESCO) y la Unión Estatal de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio. Su objetivo: que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y paralice los efectos de la norma antes de que se produzcan daños irreparables.
“La Región de Murcia no puede convertirse en un laboratorio de desregulación donde el patrimonio histórico se subordine al interés urbanístico de turno”, concluyen.
Las asociaciones anuncian que esta denuncia es solo el comienzo de una campaña pública, jurídica y política que, aseguran, no cesará hasta lograr que se reviertan los cambios y se restauren los mecanismos de protección que hasta ahora colocaban a la Región entre las más avanzadas en defensa del legado cultural.
Por todo ello, exigimos a la Consejería de Cultura que paralice de inmediato la aplicación de esta reforma, abra un proceso de diálogo con los colectivos y garantice la participación ciudadana y los criterios científicos en toda declaración de BIC.
