La Inspección General de Servicios de la administración regional, dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación, y Administración Pública, ha enviado a un Inspector General a la sede de la Dirección General de Patrimonio Cultural para realizar «in situ» labores inspectoras sobre el funcionamiento de ese departamento, tras la denuncia de Huermur.
Huermur interpuso numerosas quejas al amparo del Decreto 236/2010 de Atención al Ciudadano por el mal funcionamiento de la Consejería de Cultura, y los retrasos injustificados en la tramitación de escritos y expedientes sobre patrimonio. Ante la falta de respuesta y solución a las mismas, la Inspección General ha decidido emprender actuaciones directamente en las oficinas y dependencias de la Consejería de Cultura.
Huermur denuncia que el funcionamiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de su Servicio de Patrimonio Histórico es “un pitorreo perpetuo a los ciudadanos y colectivos pro-patrimonio desde hace años”, por lo que demanda soluciones inmediatas y de raíz a la nueva consejera de Cultura, María Isabel Campuzano.
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha tenido conocimiento esta misma semana del envío de inspectores autonómicos de la Comunidad a las dependencias de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia. Concretamente la Inspección General de Servicios de la administración regional, dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación, y Administración Pública, ha enviado a un Inspector General a la sede de la Dirección General de Patrimonio Cultural (llamada Dirección General de Bienes Culturales hasta hace unas semanas), en el edificio Díaz Cassou de la calle Santa Teresa, para realizar «in situ» labores inspectoras sobre el funcionamiento de ese departamento, tras la denuncia de Huermur.
La entidad conservacionista interpuso desde 2019 numerosas quejas al amparo del Decreto 236/2010 de Atención al Ciudadano por el mal funcionamiento de estos servicios de la Consejería de Cultura, y los retrasos injustificados en la tramitación de escritos y expedientes administrativos sobre patrimonio histórico de la Región de Murcia. Ante la falta de respuesta y solución a las quejas y reclamaciones interpuestas, la Inspección General ha decidido emprender actuaciones inspectoras directamente en las oficinas y dependencias de la Consejería de Cultura.
En septiembre de 2020 la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma comunicó a la entidad conservacionista la apertura de diligencias previas de carácter reservado a raíz de las denuncias de Huermur contra la Dirección General de Bienes Culturales, y finalmente, tras comprobar los hechos comunicados, la Inspección ha decidido emprender acciones contundentes enviando inspectores. Una muestra más que pone sobre la mesa que algo no funciona bien en la Consejería de Cultura, señalan desde Huermur.
Ante esta situación tan excepcional como llamativa, Huermur denuncia que el funcionamiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de su Servicio de Patrimonio Histórico es “un pitorreo perpetuo a los ciudadanos y colectivos pro-patrimonio desde hace años”, por lo que demanda soluciones inmediatas y de raíz a la nueva consejera de Cultura, María Isabel Campuzano.
A modo de reflexión indican desde la entidad conservacionista que “Solo hace falta darse una vuelta por el patrimonio de nuestra Región para comprobar que se encuentra en un estado de conservación lamentable, ¿para qué tenemos una Ley de Patrimonio Cultural si no se ven soluciones reales sobre los monumentos?”, por lo que desde Huermur se preguntan “¿qué ha hecho hasta ahora la Dirección General de Patrimonio Cultural y sus responsables?”.
Huermur señala que no es de recibo que la Dirección General y sus servicios, los cuales tienen encomendada la importante tarea de la salvaguarda, protección y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la Región de Murcia, presenten un funcionamiento tan anormal, que acumula retrasos de meses, e incluso años, en la resolución y tramitación de numerosos expedientes administrativos de protección de monumentos, denuncias, solicitudes de acceso a la información pública, o consultas varias. A lo que hay que sumar numerosas investigaciones abiertas a día de hoy por el Defensor del Pueblo desde Madrid a requerimiento de Huermur, por hechos similares, “y por no cumplir algo tan simple como la ley del procedimiento administrativo para resolver en tiempo, en forma, y de manera adecuada los escritos y expedientes”, añaden.
Por último, Huermur espera que la Inspección General de Servicios llegue hasta el fondo del asunto, por lo que hoy mismo se ha solicitado la personación en la investigación para asegurar su debido curso, y pondrá el anormal funcionamiento de estos departamentos de Cultura en conocimiento de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional.
