El Defensor del Pueblo ha dictado un recordatorio de los deberes legales a la Consejería de Cultura para que atienda sin demora la solicitud efectuada por HUERMUR para proteger BIC el Puente Nuevo o de Hierro en Murcia, y que acumula ya un retraso de más de dos años.
La Consejería de Cultura reconoce por escrito que está “absolutamente infradotada para abordar las enormes y complejas competencias otorgadas por la ley para proteger los numerosos bienes declarados, y muchos otros que merecerían serlo pero que no se declaran en tiempo y forma por la propia incapacidad administrativa (técnica, humana y económica)”.
HUERMUR ha presentado en el parlamento autonómico una batería de preguntas a los consejeros de Cultura y Hacienda para que expliquen si van a solventar los preocupantes problemas de medios que el Servicio de Patrimonio Histórico ha reconocido ante el Defensor del Pueblo.
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de Murcia (HUERMUR) señala que el Defensor del Pueblo ha dictado un recordatorio de deberes legales dirigido a la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, y donde insta a la administración regional a que atienda sin más dilaciones ni retrasos la solicitud efectuada por HUERMUR para incoar como Bien de Interés Cultural BIC, con la categoría de monumento, el Puente Nuevo o de Hierro en la ciudad de Murcia. Este viaducto construido por el ingeniero Carlos Orduño desde 1893 a 1901 constituye un hito urbano para la capital murciana.
En la resolución efectuada por el Alto Comisionado de las Cortes Generales se señala que “Ante todo se constata la veracidad de los hechos denunciados por Huermur. Efectivamente en el informe remitido se reconoce sin ambages que la solicitud presentada el 17 de noviembre de 2020, es decir hace más de dos años, aún no ha sido resuelta”, añadiendo que “la Ley de Patrimonio Cultural establece que el acuerdo de incoación de un bien de interés cultural, en el caso de que hubiera sido promovido a instancia de parte, deberá ser notificado a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud de iniciación del procedimiento de declaración, transcurrido el cual sin haberse adoptado y notificado este, se considerará acordada la incoación”.
El Defensor del Pueblo pone de manifiesto además que “Incluso el 20 de julio de 2021 la Consejería Cultura emitió, a instancia de esa asociación, el correspondiente certificado de acto presunto reconociendo que la solicitud de declaración de BIC presentada por Huermur se encontraba admitida e incoada por silencio”. De igual forma añade en su informe una dura reprimenda al departamento autonómico señalando que “Pese a ello y que ha transcurrido año y medio desde que se expidió ese certificado, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la citada incoación del monumento como bien de interés cultural tal y como dispone la citada Ley 4/2007 en su artículo 13.5. Es verdad que podría admitirse un retraso de unos meses, pero lo que parece a todas luces excesivas son las demoras acaecidas en este caso, hasta el punto de que la solicitud ni siquiera ha sido objeto de informe técnico.”
En el mismo sentido, HUERMUR denuncia que no es la primera vez que el Alto Comisionado de las Cortes Generales tiene que venir a enmendarle la plana a la Consejería de Cultura y a su Dirección General de Patrimonio Cultural ante el atasco de los expedientes, la falta de diligencia de los responsables de la Dirección General y la consecuente ineficaz protección del patrimonio histórico.
El presidente de la entidad conservacionista, Sergio Pacheco, remarca que “son cuantiosos los asuntos y expedientes de protección de bienes culturales que llevan metidos en los cajones de la Dirección General de Patrimonio Cultural desde hace años con el conocimiento pleno de los dirigentes de la consejería”. Y pone como ejemplo el entorno de protección BIC del Paseo del Malecón sin enviar al boletín oficial desde 2019, la declaración BIC de la Iglesia y Convento de Santa Ana en Murcia desde 2018, “y otros tantos bienes y monumentos del patrimonio que duermen el sueño de los justos en algún lugar del número 21 de la calle Santa Teresa”.
“Una administración cultural absolutamente infradotada”.
Una de las cosas que más ha llamado la atención de HUERMUR es el hecho de que la Consejería de Cultura haya reconocido por escrito ante el Defensor del Pueblo que el Servicio de Patrimonio Histórico está en una situación muy preocupante, llegando a afirmar que estamos ante “una administración cultural absolutamente infradotada para abordar las enormes, complejas y trascendentales competencias otorgadas por la ley para proteger los numerosos bienes declarados y muchos otros que merecerían serlo pero que no se declaran en tiempo y forma por la propia incapacidad administrativa (técnica, humana y económica)”.
Vista esta declaración de la propia administración ante un órgano con relevancia constitucional como es el Defensor del Pueblo, HUERMUR ha presentado por registro en la Asamblea Regional una batería de preguntas de iniciativa popular (PIP) dirigidas a los consejeros de Cultura y Hacienda para que expliquen si piensan solventar los preocupantes problemas de medios que el Servicio de Patrimonio Histórico ha reconocido.
Por último, Huermur no descarta otro tipo de medidas en el ámbito legal para poner esta situación en conocimiento de las instancias oportunas si esta situación no se soluciona, e incluso solicitar al Estado que le suspenda las competencias en patrimonio histórico y las recupere el Ministerio de Cultura.